Se ha convertido ya en una muletilla de los analistas políticos condicionar toda reflexión con el consabido: “si viviéramos en un país decente…”. Al que le corresponde la tradicional añoranza por un pasado mejor de nuestros cuentos infantiles: “había una vez un reino feliz…”.
Pues en efecto: había una vez un país cuyas autoridades se permitieron enjuiciar, destituir y encarcelar a un presidente de la república por la malversación de 17 millones de dólares, empleados en respaldar a la presidenta de Nicaragua Violeta Chamorro para la conformación de una guardia de seguridad de que no disponía al momento de asumir el mando de la Nación, devastada por el sandinismo.
Un Fiscal General de la República, nombrado con la anuencia del presidente de la república y del partido de gobierno, un opinador de profesión, en circunstancias apremiantes auxiliado por el presidente de la república para evitar la prisión y enjuiciamiento de su esposa – entonces en trámites de guerrilla urbana y asalto a bancos – y un ex presidente de la república perteneciente al bando contrario al del presidente en ejercicio dentro del partido de gobierno, se confabularon para soldar una alianza política de todos los partidos políticos – desde COPEI a AD y desde el MAS al PCV - y el establecimiento mediático para defenestrarlo y propinarle la muerte política. Con mirada premonitoria aceptó la degollina – no tenía más remedio - pero señaló que no era él a quien se le propinaba la muerte, sino al sistema político que representaba.
Hoy vemos cuánta razón le asistía al presidente defenestrado. El juicio celebrado en un tribunal de La Florida ha puesto al desnudo una obscena trama de confabulación, tráfico de dólares, malversación de fondos públicos, contrabando de divisas e intromisión e injerencia en los asuntos electorales de una nación ajena, que involucra al presidente de PDVSA, a algunos de sus más cercanos e importantes ejecutivos, al jefe de la policía política, a altos funcionarios de gobierno, a ministros y al mismísimo ex presidente de la república, sin que ni el Fiscal General de la República, ni el Contralor, ni la Asamblea, ni muchísimo menos el Tribunal Supremo de Justicia muevan un dedo.
Si viviéramos en un país, no digamos respetuoso de sus instituciones y el estado de derecho, sino mínimamente decente, todos los involucrados estarían sometidos por lo menos a una averiguación y sujetos a la severa observación de la justicia y la ley. Sabe la Fiscal, sabe la presidenta del TSJ y por supuesto que lo sabe la presidenta de la Asamblea que todas las revelaciones de La Florida son ciertas e irrefutables. Pero callan por ordenes del Supremo y porque forman parte de la conjura golpista. La que enmascarándose tras altruistas propósitos revolucionarios permite los peores latrocinios y estupros cometidos por gobierno venezolano alguno.
Es el régimen de los alcahuetes, un estado de facto de naturaleza intrínsicamente fascista y totalitaria. Bajo el mando supremo de quien hace de la complicidad y la alcahuetería sistema de gobierno. ¿Cuántos miles de millones de dólares reposarán en cuentas extranjeras para sostener sus delirios cuando en Venezuela se le acabe la cuerda? ¿Quiénes serán los titulares, testaferros y hombres de paja de la mampara legal de tal latrocinio?
Sadam Hussein no pudo hacer uso de parecida fortuna. No le sirvió de nada. Viene a cuento porque las semejanzas entre Sadam Hussein y el teniente coronel son estremecedoras, como recordaba recientemente el senador chileno Jorge Tarud. Cuando la verdad reviente, nos avergonzaremos del gentilicio. Puede que se salven muy pocos. Ojala sea más temprano que tarde. Cuanto antes, el mal será menor.
Por Antonio Sánchez García
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