El rancho sigue ardiendo en el Tribunal Supremo de Justicia. Todo parece indicar que la gota que derramó el vaso ha sido el proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Pedro Rondón Haaz, sobre el caso de las inhabilitaciones, y al que la presidenta del ilustre TSJ ha calificado de “papel de trabajo”.
A grosso modo, el intento de explicación que Luisa Estela Morales, le dio a los venezolanos en relación con la ponencia de Rondón Haaz, es que el documento no es lo que es, pero que sí podría ser lo que no ha sido pero que será.
Por cierto, que ella misma confesó que al magistrado “le fue asignada una sola causa, y que es una de las más antiguas, en el seno del máximo tribunal del país, ya que data del 2004 y es por ello que él se adelanta en el proyecto”. Nada más y nada menos la decisión de esa sentencia lleva 4 años de larga espera. Cobra vigencia el dicho que reza “justicia tardía no es justicia, es injusticia”.
En este punto es preciso señalar que la magistrada Luisa Estela Morales admitió en su pasada rueda de prensa, que existen muchos expedientes que no se han decidido de acuerdo a lo estipulado en la ley, 48 horas, razón por la cual nada sabe de las inhabilitaciones. No obstante, ese episodio es tan solo uno de los tantos casos que duermen en las gavetas de las diferentes salas que conforman nuestro máximo tribunal de justicia, situación esta que hemos venido denunciando hace meses y que el propio Presidente Chávez conoce.
Entre los casos a los cuales hace referencia, está el de la Corporación de Cemento Andino, por solo mencionar uno más de los casi cien que están en esa situación. Lo referente a esa empresa colombiana de muchísimo prestigio en el mundo, llama poderosamente la atención, por cuanto éste expediente está en manos de la Sala Constitucional con ponencia de la propia presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales. No sabemos porqué motivo la magistrada ha retrasado en más de un año la decisión del expediente, cuando la audiencia constitucional ya se realizó y desde entonces han transcurrido más de las 48 horas que estipula la ley de amparo para decidir. Podría decirse que el grosero retraso en torno a este caso, ha traído como consecuencia que la empresa, ayer punta de lanza de las cementeras internacionales, se ha deteriorado en tal magnitud que entendemos que el Estado que ya la expropió, querrá pagarle a los dueños colombianos cuatro lochas por ella.
En verdad que los venezolanos nos quedamos fríos cuando la propia presidenta del TSJ admitió que tiene “muchas sentencias retrasadas”, lo que sin duda refleja una situación muy grave por la indefensión jurídica que esto crea en el país. Entre los expedientes con más de dos años de haberse realizado la audiencia constitucional, está el de la ya referida cementera colombiana. Sin duda que casos como estos alejan las inversiones extranjeras del país. Cabe señalar que en la cumbre realizada en el estado Falcón, entre los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez, uno de los puntos de la agenda trató lo relativo a las inversiones neogranadinas en nuestro país, así como el planteamiento del mandatario colombiano -que en realidad fue de los empresarios de su nación-, del miedo existente a invertir en Venezuela ante la ausencia de seguridad jurídica… ¿Cómo así, vea? ¡Venga y lo digo!
Contraloría Social
La que comenzó a aplicar Enrique Mendoza en el estado Miranda, con la colaboración de los consejos comunales de la región y miembros activos de la contraloría social. Esa acción arrojó la siguiente “perla”: La Gobernación de Miranda ha gastado hasta el presente, 21 millardos de bolívares en adquisición de vehículos, mientras existe un cementerio de patrullas abandonadas en la vía Panamericana, antes de llegar a “Las Morochas”.
Otro caso es el de la compra de uniformes del personal de protocolo de la Gobernación de Miranda, para lo que se ha destinado la suma de 3 mil millones de bolívares, a pesar de que en esa área no labora ni una docena de empleados… ¡La cosa pica y se extiende!
Encuesta
La empresa norteamericana “The Campol Group”, que realiza estudios de opinión con la compañía mexicana “Muévete” y con la americana “Bendinxen and asociantes”, estuvo trabajando en la Gran Caracas, y una de sus mediciones arrojó lo siguiente: El 79% de la caraqueños opina que el problema que más le preocupa es la inseguridad.
Dato
El 54% de los caraqueños tiene temor a que lo maten al ser atracado, según el mismo sondeo.
Cifra
La misma encuesta señala que solo el 45% de lo caraqueños votaría por un candidato puesto por Chávez a la Alcaldía Mayor, mientras que un 53% votaría por un candidato que no fuera apoyado por el Presidente de la República.
Alerta
A la pregunta: ¿Qué sistema político cree Ud. habrá dentro de 6 años en Venezuela?, la respuesta fue la siguiente:
Democracia: 79%; Comunismo: 11%; Dictadura Militar:5%; No sabe: 5%.
Otro dato
50% de los mirandinos votarían por el candidato que diga Enrique Mendoza, mientras que el 75% de los caraqueños haría lo mismo por el candidato a que Leopoldo López le endose su candidatura. Ambos escenarios se evaluaron a propósito de las inhabilitaciones, que pesan sobre ambos candidatos.
A calzón quitao
Wilmer Suárez
La Voz
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