El arzobispo de Coro, Roberto Luckert, acusó al gobierno de Chávez de tratar de arrinconar a la Iglesia Católica. “Pretende amenazarnos, arrinconarnos, pero debe recordar que la Iglesia tiene más de 2.000 años de vida. Nosotros tendremos que superar a Chávez y a su equipo“, declaró.
Luckert, quien es el segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), presidente de la comisión Justicia y Paz y presidente de la comisión de Cáritas Internacional de Caracas, afirmó que el papa Benedicto XVI los apoya y los anima en su trabajo de evengelizadores y como misioneros, y que comparte sus preocupaciones.
“Así lo manifestó, entre líneas, en el discurso que pronunció al recibirnos”, agregó.
Los obispos venezolanos fueron recibidos el martes por el Pontífice, en su visita “ad limina apostolorum” que realizan desde el 1 al 18 de junio.
Más allá de la crisis económica “muy trágica” que vive Venezuela, sostuvo que el verdadero problema de Venezuela es que la “democracia está en peligro”.
“Todos los poderes están en manos de una sola persona: el ejecutivo nacional, la acción jurídica, electoral, las fiscalías. Todo lo dirige él y todo lo decide él”, aseguró.
“Si Chávez decide que una empresa sea expropiada, así se hace. Se hace todo en función de lo que él quiere y eso no es democracia, porque el pueblo debe expresarse en forma libre, amplia, sin presiones de ningún tipo”, manifestó.
A su juicio, “Chávez y su entorno” tienen una “actitud beligerante, agresiva, prepotente. Todos los que disienten de él, es un enemigo del gobierno”, afirmó el arzobispo de la ciudad de Coro, capital del municipio Miranda y del estado Falcón, declarada en 1993 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
“Tiene la arrogancia de decir que el que está en contra de él, está en contra Venezuela, lo cual no es una posición democrática”, aseveró.
Acusó al gobierno de Venezuela de imponer mil y una restricción para visitar a los presos políticos.
“Aunque el gobierno los califica de presos comunes, son presos políticos, quienes no ven la luz del sol, un atropello total a los derechos humanos. Son 41 las personas privadas de la libertad por razones políticas”, aseguró.
Jorge Piña / The Associated Press
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