El mismo día en que el general Raúl Isaías Baduel dejó de ser ministro de la Defensa de Venezuela para retirarse de la vida militar, se convirtió en uno de los enemigos políticos más perseguidos por Hugo Chávez.
El 18 de julio de 2007, en su discurso de despedida de la Fuerza Armada Nacional, Baduel manifestó su desacuerdo con el modelo económico socialista que pretendía implantar el presidente venezolano. Hasta entonces, el general era reconocido como el que hizo posible que Chávez volviera al poder tras el golpe de Estado del 11 de abril del 2002, que lo derrocó por 48 horas.
Pero ese día, Baduel cayó en desgracia: Chávez, que con infinito agradecimiento lo llamaba “compadre”, a partir de ese momento comenzó a llamarle “traidor”. “Es una traición a los más caros amigos, a muchas cosas, hasta padrino soy de su pequeña hija, Dios la bendiga. Pero esto es una puñalada”. Y de unos años a esta parte, las “traiciones” en Venezuela se pagan con cárcel.
Lo demuestra Baduel, detenido desde hace una semana, y lo demuestran los líderes de oposición que están sufriendo un acoso judicial en toda regla, como el ex candidato presidencial Manuel Rosales o el gobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles.
El general Baduel está encerrado “preventivamente” en el Centro Nacional de Procesados Militares, conocido como Ramo Verde. En julio pasado, la Fiscalía Militar lo había imputado por delitos contra el decoro militar, sustracción de efectos y fondos y abuso de poder, presuntamente cometidos durante su gestión como ministro de la Defensa, entre julio de 2006 y julio de 2007.
La Fiscalía Militar no ha presentado una acusación formal en su contra; sin embargo, el 2 de abril, sí solicitó a los tribunales la detención inmediata de Baduel bajo el argumento de “peligro de fuga”. Ahora la acusación cuenta con 30 días de plazo para formalizar los cargos (y 15 días más de prórroga). Al menos hasta que este trámite ocurra, el ex general seguirá en prisión.
Ni su esposa ni su hijo han podido ver a Baduel desde que fue presentado a su primera audiencia en tribunales, el viernes pasado, un día después de que funcionarios armados de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) lo detuvieran en la ciudad de Maracay. “No he visto a mi padre desde que fue detenido. No tengo manera de comunicarme con él”, cuenta Raúl Emilio Baduel, hijo del ex general.
Sólo se le permite el acceso a su defensa. Para Omar Mora, uno de los abogados de Baduel, todo esto no es más que una demostración de poder contra su defendido: “Lo hacen para humillarlo y para mandarle un mensaje al resto de generales y almirantes, para que a nadie se le ocurra volteársele a Chávez ni alzar su voz de protesta ante lo que ocurre en el país. El móvil es político, y las acusaciones son falsas e infundadas”.
A la cárcel de Ramo Verde también han ido a parar otros militares acusados de traición. Primero cayó el general Francisco Usón, ex ministro de Finanzas de Chávez que devino en opositor y que, en octubre de 2004, fue condenado a cinco años de prisión por “ultraje” a las Fuerzas Armadas. Usón cumplió tres años de condena y luego fue liberado, con la condición de no hacer declaraciones políticas.
Y allí sigue detenido el capitán Otto Gebauer, sentenciado a 12 años de cárcel por “complicidad” en la detención de Chávez durante el golpe de Estado de 2002. Conocido como el oficial que vio a Chávez, Gebauer es el único militar condenado por el golpe del 11 de abril. Pero hay prisiones peores.
El 3 de abril pasado, por instrucción expresa de la juez, seis efectivos y tres comisarios de la Policía Metropolitana fueron condenados a vivir entre 17 y 30 años de prisión en las celdas de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) -la policía política de Venezuela-, que miden cuatro metros cuadrados cada una. Allí han estado presos durante los últimos cinco años.
Aunque la fiscalía no logró probar su responsabilidad, estos nueve funcionarios fueron condenados por dos de las 19 muertes registradas en Caracas horas antes del golpe de 2002. Ahora sus abogados piden que, al menos, se les permita cumplir su condena en una cárcel más cómoda… como la de Ramo Verde.
Pero la posibilidad de que su apelación sea concedida parece remota. Ya el domingo, en medio de su gira por Japón, Hugo Chávez dijo que la sentencia contra los policías había sido “una brisa fresca” a favor de la justicia venezolana. Y su palabra es la ley.
Por eso el ex candidato presidencial Manuel Rosales ha optado por la clandestinidad, perseguido por una acusación de enriquecimiento ilícito que él rechaza. Henrique Capriles, gobernador del Estado de Miranda, está acusado de haber participado en el asalto a la Embajada cubana en Caracas en abril de 2002.
Otros líderes opositores han sido amenazados por Chávez, como los gobernadores de Táchira, César Pérez, o de Carabobo, Henrique Salas. Incluso el editor Teodoro Petkoff se ha visto acusado por una diputada de “no haber pagado impuestos de una herencia que recibió en 1974″, algo que el escritor califica de “increíble”. Detrás de estos movimientos los analistas ven una estrategia de Chávez para descabezar la oposición.
El País, España
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