Cuando un gobierno que aún se autoproclama “democrático” se solaza con el dolor de un hombre inocente y enfermo, como el chofer José Dacre (cariñosamente llamado “Maraco”) es un gobierno condenado a muerte, por muy fuerte que parezca.
Recordemos que “Maraco” -el chofer bondadoso que se puso a estudiar a pesar de los años- decidió acompañar a los estudiantes con su camioneta en una de las marchas pacíficas de protesta, reprimida con “gas del bueno” por orden de Chávez. No conforme con la represión, la PM detuvo a Maraco y a numerosos universitarios, secuestró la camioneta y la llevó al patio de la sede policial, lugar donde testigos presenciaron cómo los jefes policiales cambiaban las botellas de agua por supuestas bombas molotov y acumularon piedras gigantescas como “prueba” de la violencia estudiantil. Todos vimos en televisión cómo las “bombas” fueron sembradas por los mismos policías, devenidos en infames agentes, no al servicio de la captura de los criminales que asesinan día y noche a los ciudadanos, sino de la represión contra la disidencia política. Esta semana el Tribunal 15 de Control del Área Metropolitana a cargo de Indira Margarita Farías (¡de qué crueldad inaudita son capaces algunas personas para conservar un cargo!), acordó llevar a juicio a “Maraco” acusado por la Fiscalía del delito de “intimidación pública”. ¿Qué valor jurídico puede tener la “evidencia” presentada por tan sesgado Ministerio Público cuando todos vimos el video en el que el comandante de la policía, Carlos Meza, la estaba manipulando? No hacía falta que la defensa presentase el informe médico en el que se certifican los graves problemas cardíacos y de hipertensión de “Maraco”. Bastaba verle arrastrando sus pies, casi sin poder caminar, para darse cuenta de que es un hombre gravemente enfermo. Sin embargo, la jueza negó que fuera juzgado en libertad por razones humanitarias.
Chávez hubiera preferido llegar al poder a través del frustrado golpe que por el voto popular, porque con la asonada militar no se veía obligado a simular un talante democrático que nunca tuvo. Por eso la prisa en destruir los poderes autónomos que sirven de contrapeso a los abusos del gobierno. Por eso impuso unos poderes títeres de sus tendencias totalitarias. Acuciado por la proximidad de una crisis económica para cuya guerra no le sirven las armas convencionales y movido por el resultado electoral del 15F, Chávez está pisando nerviosamente el acelerador con el fin de aplicar el modelo cubano de desaparición de la propiedad privada y de la resistencia política. Esa urgencia de imponer “a juro” el comunismo a la cubana adobado con el militarismo fascista que ya exhibe sin rubor, no le permite seguir con los ritos de una democracia formal. Así, para acabar con Rosales, se salta las normas jurídicas mínimas que le permitan hacer creíble esa condena. Por eso la chapuza de radicar el juicio en Caracas antes de que hubiera un juicio. Pero como la visita de la Internacional Socialista en Venezuela podría coincidir con la detención de Rosales, Chávez parece no querer pagar los costos políticos de un preso tan caro, así que lanzó a la jauría de la DIM y de la Disip para acosarlo y amenazar gravemente a su familia, con miras a convencerlo de que sus vidas peligran y deberían irse del país.
A Chávez le urge aniquilar a los dirigentes con apoyo popular antes de que la arrolladora crisis causada por su despilfarro e ineficiencia se revierta contra él. Por eso la AN aprueba la ley que deja sin poderes a Antonio Ledezma. O la del Sistema de Justicia que aniquilará a los jueces sobrevivientes de la marea roja que arremete contra aquellos gobernadores y alcaldes que despuntan como una alternativa a la barbarie de Chávez La urgencia está haciendo trizas las máscaras. Mientras el fiscal militar miente al decir que se respetaron los derechos humanos del general Baduel, su esposa narraba el horror sufrido por ellos cuando una tropa de la DIM sacó violentamente del vehículo al general para llevárselo detenido desde Aragua hasta los sótanos de la DIM en Caracas. El mundo está viendo la deriva dictatorial de Chávez: viola la Constitución, persigue militar y judicialmente a la disidencia y acoge a los genocidas del mundo. Joaquín Ibarz señala en La Vanguardia de Barcelona que “El presidente Hugo Chávez acentúa la persecución contra sus adversarios políticos. Un grupo de militares detuvo en Maracay al general Raúl Baduel apuntándole con una pistola a la cabeza (&) y la Fiscalía solicitó la detención contra la principal figura de la oposición venezolana Manuel Rosales”.
El disimulo desaparece y ahora Chávez nos muestra su verdadera faz: la de un militar golpista que convoca elecciones manipuladas por los poderes que controla, pero que a la hora de la verdad se comporta como un dictador. Y llegó la hora de la verdad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario