Quiere consagrar un modelo de control absoluto sobre la economía por el Estado Como se sabe, la reforma constitucional propone en líneas gruesas lo siguiente: (1) cambiar el modelo económico de libre iniciativa - por otro socialista-marxista -a objeto de fortalecer la producción social comunal, que sería el presupuesto para la organización -como se dice- de una economía popular; (2) modificar la organización vertical del poder público -Nación, Estados, Municipios, etc. -a fin de crear áreas de desarrollo común bajo control nacional en zonas que se solapen por sus características y pertenezcan a dos o más Estados o a dos o más municipios vecinos, y favorecer, en otra banda, la organización del pueblo en la base de la pirámide social: para que participe directamente de la gestión pública; y (3) recomponer la estructura militar -mediante el establecimiento de las "milicias populares", bajo la idea de provocar una simbiosis entre el pueblo y el estamento castrense, aun a costa del debilitamiento de la estructura tradicional de las armas (Ejército, Marina, Aviación, Guardia Nacional).
He dicho y demostrado (véanse mis análisis en el diario El Universal de los días 26 y 27 de agosto últimos) cómo, con vistas a lo anterior, la reforma no hace otra cosa que clonar la Constitución de Cuba de 1975, enmendada en 1992.
Ahora bien, al margen de su inspiración, si fuesen sanos y ciertos los objetivos predicados de la reforma y si ella estuviese lejos de consolidar un modelo de dictadura totalitaria y personalista como lo creemos, tal reforma no hace falta.
(1) Los artículos 118, 184 y 300 de la Constitución vigente ya prevén como tarea del Estado promover y proteger asociaciones y organizaciones para mejorar la economía popular alternativa, favorecer la creación de empresas comunales de participación en los procesos económicos, descentralizar en las comunidades y grupos vecinales competencias estadales y municipales relativas a la cogestión de los servicios, y establecer entidades funcionalmente descentralizadas comprometidas con actividades sociales y empresariales.
(2) Los artículos 70,158, 165, 171, 173, 184 y 185 constitucionales fijan mecanismos varios de promoción del desarrollo regional -desde los niveles centrales de Gobierno -para cuando dos o más Estados o dos o más municipios ofrezcan condiciones de unidad y complementariedad social, económica o geográfica y para el fortalecimiento de la descentralización de las actividades públicas a manos del pueblo; a cuyo efecto plantean -tales artículos- la existencia de institutos y corporaciones autónomas, distritos metropolitanos, parroquias, cabildos y asambleas de ciudadanos, y otros "mecanismos abiertos y flexibles" para la organización y transferencia de servicios públicos en beneficio de las comunidades y grupos vecinales.
(3) Y si se trata de la vinculación del pueblo con la Fuerza Armada, el Título VII de la Constitución de 1999 consagra desde ahora el supuesto de la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil en el ámbito de la Seguridad de la Nación, "para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz", entre otros muchos.
La verdad es que nunca se dictaron las leyes de implementación de la Constitución de 1999.
La reforma constitucional no es sincera, antes bien revela ser una estafa: usa del engaño para la consecución de su fin antidemocrático, violando al paso los principios superiores e intangibles del Texto Fundamental vigente.
La verdad es que quiere consagrar un modelo de control absoluto sobre la economía por el Estado y de mengua del derecho de todo individuo a tener propiedades o a practicar la libre iniciativa económica y comercial; asfixiar a la federación restándole poder y competencias a los gobernadores y alcaldes para incrementar el poder al Presidente; y agotar la experiencia democrática mediante el establecimiento de asambleas "populares" de agregación espontánea de voluntades, no elegidas y bajo el control presidencial.
Y para lograr lo anterior la reforma estimula el miedo y la inhibición de la voluntad colectiva, al consagrar lo que en la práctica viene haciendo el propio Presidente: entregarle armas a sus seguidores para que defiendan su dictadura en cierne y para constreñir con ello la capacidad de reacción de la Fuerza Armada institucional.
La verdad es ésta y no otra.
Y lo de las dos horas de ocio laboral que ofrece el reformador a cambio es apenas una muestra de su vil talante: cree, como los capitalistas salvajes a quienes tanto ofende, que todo está en venta y se compra, hasta las conciencias. Y en este caso, su precio por la reforma es el dicho: dos horas de ocio, y punto.
Asdrúbal Aguiar
No hay comentarios:
Publicar un comentario