Golpe de Estado presidencial a la Constitución

El abogado constitucionalista y miembro del partido Un Nuevo Tiempo, Hermann Escarrá, alertó hoy que la modificación del artículo 337 de la Constitución Nacional, que establece las garantías y derechos humanos durante periodos de excepción, "consuma de manera inequívoca, inobjetable y clara, el golpe de Estado presidencial a la constitución y a la democracia".

Para Escarrá, la modificación realizada por la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional (AN), que estudia el proyecto de reforma, es "lo más grave" que ha tenido el gobierno del presidente Hugo Chávez y peor aún que la suma de las modificaciones propuestas por el Jefe de Estado a 33 normas de la Carta Magna.

En consideración del especialista, quien fue constituyentista en 1999, el Gobierno "sabe" que Venezuela "va a un desastre financiero y económico" que se concretará en próximo año, y que, aunado a "los niveles de corrupción" y "la incapacidad para gerenciar el Estado en cualquiera de sus niveles", ha sido causa de que se produzcan "señales de alerta" en la comunidad internacional.

Afirmó Escarrá, que en la Unión Europea, se estima que Venezuela va encaminada a una "profunda crisis" en lo económico y financiero.

En opinión del abogado, "están preparando la desmovilización de la nación, la persecución de la disidencia y la intimidación mediante un Estado terrorista y policial".

"Este estado de excepción sin temporalidad y protección de los Derechos Humanos, no es otra cosa que revivir la doctrina de la Seguridad Nacional", sentenció.

El abogado expresó que se vulnera la Constitución pues se trata de una norma que no estaba propuesta en el proyecto inicial de cambios a 33 normas, presentado el 15 de agosto por el presidente Hugo Chávez.

En ese sentido, manifestó que "la Asamblea Naciona a introducido nuevas normas que se las endilgan al pueblo, y habría que preguntar ¿qué pueblo?-

Asimismo, Escarrá aseveró que la medida es violatoria de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, en su artículo 27 y "un atropello" al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Leda Piñero
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