Más acerca de la reforma.
A puerta cerrada, incorporaron 25 nuevos artículos. El martes sesionaron de 12:00 m a 7:00 pm; el miércoles, desde el mediodía hasta las 6:00 pm; el jueves, desde las 3:00 pm hasta la medianoche; el viernes, de 11:00 am a 9:00 pm. En 32 horas de deliberación, en 4 días de reuniones, la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional modificó los 33 artículos incluidos en el proyecto presentado por el presidente Hugo Chávez y, además, otras 25 normas, muchas de las cuales nunca habían sido debatidas ni sometidas a la consulta pública que promovió el Parlamento para legitimar la transformación de la Carta Magna.
La Comisión Mixta está integrada por la junta directiva, los presidentes y vicepresidentes de las 15 comisiones permanentes y los jefes de los partidos representados en el Poder Legislativo.
De modo, pues, que la primera fase de la tercera discusión de la reforma constitucional se desarrolló en un cónclave de no más de 40 diputados, sin contar al segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Roberto Hernández, quien no participó en las discusiones.
Hernández había manifestado reiteradamente su oposición a la consideración de otros artículos distintos a los planteados por el presidente Chávez.
Hernández señaló que faltó por problemas que existen en la formación del Partido Socialista Unido de Venezuela en Yaracuy, donde fue electo como parlamentario: "Toda cosa nueva genera problemas, sobre todo si tenemos un número de aspirantes que alcanza los 6 millones de personas". El diputado asistió ayer a la reunión en la que se revisó el informe y se verificó que los artículos estuvieran ajustados a las normas de técnica legislativa.
La Comisión Mixta sesionó a puerta cerrada durante toda la semana, por lo cual sólo trascendieron versiones de lo que estaba ocurriendo en el salón Bicentenario del Palacio Federal Legislativo.
Sólo Podemos, en boca de Juan José Molina, se manifestó en contra de la inclusión de nuevos cambios a última hora. Desde su punto de vista, el oficialismo estaría lanzando la mayor cantidad de anzuelos para cazar electores mediante resoluciones especialmente justas, como la incorporación de la no discriminación por orientación sexual o condiciones de salud.
Cilia Flores, presidenta del Parlamento, descalificó la protesta de Podemos. Declaró que estaban actuando como representantes de la oposición y recordó que, en la Asamblea, siempre se impondrá la mayoría de diputados oficialistas.
El trabajo de la comisión continuó ayer con el debate sobre disposiciones transitorias y la elaboración del informe que se discutirá en plenaria.
Dirigentes chavistas divididos por restricción de la información
Sin garantía del derecho a la información habría sido más difícil dar con el paradero y exigir la liberación de Tarek William Saab, quien fue irregularmente detenido y trasladado a la sede de la Disip el 11 de abril de 2002. Sin garantía del derecho al debido proceso el actual gobernador de Anzoátegui pudo haber sido juzgado por un tribunal de facto, como el gobierno que pretendió instaurar Pedro Carmona Estanga.
Con tales ejemplos, el viceministro de Relaciones Exteriores, Vladimir Villegas, manifestó su oposición a la modificación del artículo 337 de la Constitución a efectos de suprimir las garantías de los derechos a la información y al debido proceso en situaciones de orden social, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación. De esta forma, también estaba dando respuesta a la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, quien trató de justificar el cambio en la actuación de los medios de comunicación social durante y después del 11-A.
Como integrante de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, Villegas fue quien propuso preservar la garantía del derecho a la información durante los estados de excepción.
"No acompaño la decisión de la Comisión Mixta –dijo Villegas– pues estaríamos perdiendo una de las conquistas más importantes de los últimos años. Precisamente, el golpe de abril evidencia la necesidad de que fluya la información sin mayores limitaciones. Recordemos que en aquella oportunidad los medios pretendieron silenciar que se había roto el hilo constitucional".
"Poco ganamos con la supresión de la garantía al derecho a la información durante un estado de excepción –insistió el constituyente– y si ya hay una voluntad de la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional en ese sentido, deben tomarse medidas para preservar esos derechos".
Escarrá razona y Albornoz calla.
El diputado y ex magistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia Carlos Escarrá salvó su voto frente a la modificación del artículo 337: "No se puede limitar el derecho a la información, que es un derecho de todos los ciudadanos.
Quizás lo que se pudiera es tomar medidas para que los dueños de los medios de comunicación no cometan abusos que agraven la situación que motiva un estado de excepción. Yo propuse suprimir elementos como la regulación legal, la temporalidad de las acciones de emergencia y su sujeción a tratados internacionales de derechos humanos, pero que el resto de la norma se mantuviera intacto".
Escarrá considera que no se puede afirmar que con el cambio propuesto por la Comisión Mixta se produzca un retroceso: "No olvidemos que el artículo 19, que se mantiene vigente, consagra el principio de progresividad en materia de derechos humanos".
José Albornoz, del PPT, también salvó su voto. Consultado telefónicamente sobre el particular, dijo que prefería mantenerse en silencio.
Vargas y el Caracazo.
Durante la tragedia de Vargas, en diciembre de 1999, tampoco se decretó formalmente un estado de excepción, pero sólo después de las investigaciones periodísticas, el Gobierno admitió que se cometieron desafueros que, a la postre, generaron una condena internacional al Estado venezolano.
El debido proceso no estaba restringido en 1999, pero igual fueron infructuosas las acciones de amparo para juzgar las desapariciones forzadas de personas. Con la propuesta de la Comisión Mixta, cualquiera podría ser detenido indefinidamente.
En febrero y marzo de 1989 sí hubo estado de excepción.
Era un ordenamiento parecido al que ahora se propone.
Los resultados todavía están en la memoria de los venezolanos, sobre todo de las víctimas directas de la brutalidad oficial: cientos de muertos, enterramientos clandestinos en fosas comunes y otra condena internacional.
La Lista
Artículo 21.
Se incorporó la no discriminación por orientación sexual o condiciones de salud.
Artículo 64.
Se disminuyó la edad para votar de 18 a 16 años.
Artículo 71.
Se incrementó de 10% a 20% el número de electores requerido para la convocatoria de un referéndum consultivo.
Artículo 72.
Se incrementó de 20% a 30% el número de electores requerido para convocar un referéndum revocatorio de mandato. Además, se aumentó de 25% a 40% el número de electores que debe participar en la consulta popular para admitir como válidos los resultados de la misma.
Artículo 73.
En vez de mayoría calificada, se establece que con mayoría simple de los diputados que integran la Asamblea Nacional se podrán someter a referéndum abrogatorio los proyectos de leyes que se discuten en el Parlamento.
También se elevó la exigencia de participación en este tipo de consulta: de 25% a 40% del electorado.
Artículo 74.
Se elevó de 5% a 30% el número de electores que pueden convocar un referéndum abrogatorio de ley.
Artículo 98.
Se eliminó el reconocimiento y protección de la propiedad intelectual.
Artículo 109.
Se estableció que todos los miembros de cada comunidad universitaria elegirán a sus autoridades en igualdad de condiciones; que el voto de profesores, estudiantes, empleados y obreros tendrá el mismo peso.
Artículo 191.
Se admite la posibilidad de que los diputados mantengan su investidura mientras ejercen otros cargos públicos.
Artículo 299.
Se prescinde de la iniciativa privada para promover el desarrollo armónico de la economía .
Artículo 301.
Se elimina la equidad entre inversores nacionales y extranjeros. En ningún caso, el extranjero podrá disfrutar de mejores condiciones que el nacional.
Artículo 303.
Además de Pdvsa y sus filiales, el Estado poseerá 100% de las acciones de cualquier empresa o modalidad de negocio petrolero.
Artículos 341 y siguientes.
El Estado impondrá al venezolano la actividad en que deberá trabajar
Gerardo Blyde, abogado constitucionalista y dirigente de Un Nuevo Tiempo, informó que la libertad del trabajo queda seriamente restringida con la reforma del artículo 112 de la Carta Magna. "El Estado es el que va a promover qué es lo que hará el ciudadano, fundado en los intereses comunes y no en los intereses individuales", dijo.
La parte obviada del artículo 112 de la vigente Constitución establece que "todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia". La nueva redacción indica: "El Estado promoverá el desarrollo de un Modelo Económico Productivo, intermedio, diversificado e independiente, fundado en los valores humanísticos de la cooperación y la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales, que garantice la satisfacción de las necesidades sociales y materiales del pueblo, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de la felicidad posible.
Asimismo, fomentará y desarrollará distintas formas de empresas y unidades económicas de propiedad social, tanto directa o comunal como indirecta o estatal, así como empresas y unidades económicas de producción y/o distribución social, pudiendo ser estas de propiedad mixta entre el Estado, el sector privado y el poder comunal, creando las condiciones para la construcción colectiva y cooperación de una Economía Socialista".
Blyde considera que el modelo socialista se parece al de Cuba, donde "hay una direccionalidad desde que el niño nace, para encausarlo hacia las actividades determinadas por el Estado cubano".
Frente a este espejo, alerta que el Estado venezolano puede imponer dónde trabajarían o no las personas, sobre todo con las declaraciones del presidente Chávez de llevar al sector privado a su mínima expresión.
Así, el Estado se convierte en el único propietario de los bienes de producción, con lo cual controla las fuentes de empleo. "El individuo no tiene la libertad de decir me voy y de buscar otras opciones, y deberá quedarse en el empleo original así no esté de acuerdo con las condiciones laborales de su patrono Estado", destacó Blyde.
Fábrica adentro. Los abogados laborales León Arirsmendi y Jesús Urbieta objetan el artículo 87 de la reforma, según el cual el Estado creará instituciones en los centros laborales para cumplir las condiciones de seguridad industrial y las relaciones sociales; esto es, los consejos de trabajadores.
Arismendi destacó que detrás de los consejos está la formación política y la implantación del socialismo a 5 millones de trabajadores del sector formal público y privado, según cifras del Instituto Nacional de Estadística.
El plan de formación (Tercer Motor Moral y Luces) ya está en los ministerios, empresas e instituciones del Estado. "La siguiente fase es el sector privado, cuando la reforma de la Constitución sea aprobada y haga de obligatorio cumplimiento la presencia de los consejos obreros en las empresas", señaló Arismendi.
Según Urbieta, se pretende copiar al carbón la experiencia de los países comunistas, donde el partido (PSUV, en el caso venezolano) ejerce el control, y sus células en la fábrica son los consejos obreros, encargados de hacer cumplir los dictámenes del Gobierno.
Agregó que por ser organizaciones obreras paralelas, los consejos asfixian a los sindicatos, incluso a los de tendencia socialista. En los sistemas comunistas el derecho a la contratación colectiva fue caricaturizado o suprimido y el Gobierno impuso las condiciones laborales.
Eliminan disposiciones transitorias
Ejemplo de lo anterior era la disposición de reformar la Ley Orgánica del Trabajo para restablecer la retroactividad en el pago de las prestaciones sociales, que había sido eliminada en 1997.
Hoy será la última revisión del informe referido a la reforma de la Constitución, a la que fueron incorporados, además de los 33 artículos presentados por el presidente Hugo Chávez, otros 25. Son así un total de 58 disposiciones a modificar, número que pudiera variar cuando comience la discusión en la plenaria del Parlamento.
Para mañana está previsto que se proceda a la distribución del informe entre los diputados. En la tarde se realizará una sesión extramuros de la Asamblea Nacional en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, donde los parlamentarios esperan congregar a más de 2.000 personas pertenecientes a los consejos comunales y a las organizaciones civiles que presentaron propuestas. El martes se discutirá el informe artículo por artículo.
El diputado Darío Vivas destacó que el trabajo parlamentario que se realizó en estos dos meses en torno a la reforma fue muy positivo. "Se escucharon los planteamientos de todos los venezolanos; escuchamos a los discapacitados y favorecimos a las amas de casa , señaló.
www.elnacional.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario