Considerado el hombre más poderoso del planeta, el presidente de Estados Unidos no es intocable y sus poderes están estrictamente limitados por la Constitución.
Pero la Constitución es lo suficientemente flexible como para permitir a cada presidente ajustar sus prerrogativas a las necesidades del momento.
El artículo II, que trata del presidente y sus poderes, afirma que “el Poder Ejecutivo será confiado a un presidente de los Estados Unidos de América”. Prevé la duración del mandato (4 años) y establece la lista de sus poderes.
El presidente es el “comandante en jefe” de las fuerzas armadas, tiene el poder de otorgar “sobreseimientos y gracias” y puede concluir tratados “a condición de requerir la opinión del Senado” y bajo reserva de la aprobación de dos tercios de los senadores presentes. Nombra los embajadores y los jueces de la Corte Suprema, bajo reserva de confirmación de la mayoría del Senado.
El presidente “informará periódicamente al Congreso sobre el estado de la Unión y recomendará a su atención toda medida que juzgue necesaria y oportuna”, precisa la Constitución. Puede oponer su veto a los textos de ley adoptados por el Congreso, que podrán ser validados por un voto mayoritario de dos tercios del Senado o de la Cámara de representantes.
El presidente puede ser destituido “tras un ‘impeachment’ (procedimiento de acusación por delitos cometidos en el desempeño de sus funciones, ndlr) o una condena por traición, corrupción, o todos los otros crímenes y delitos”.
La Cámara de Representantes votó en dos ocasiones la puesta en acusación de un presidente de Estados Unidos, en 1868 a Andrew Johnson y en 1998 a Bill Clinton. Ambos fueron absueltos por el Senado. La Cámara comenzó en 1974 los procedimientos para poner en acusación a Richard Nixon. El proceso fue abandonado tras su demisión, la única en la historia del país.
El presidente no tiene el poder de disolver el Congreso.
Teóricamente no tiene el poder de declarar la guerra, decisión que incumbe al Congreso. Sin embargo, todos los casos de compromisos militares en el extranjero no dependen de la declaración de guerra, y la facultad de enviar las tropas al combate corresponde a menudo de facto al presidente.
El Congreso interviene entonces para cuadrar las intervenciones del Ejército en el extranjero (como en los casos de Afganistán e Irak) votando resoluciones que generalmente se refieren al calendario de despliegues, la naturaleza de la acción, su amplitud y las misiones.El presidente tiene la posibilidad de usar su poder para mantener el orden a pedido de un estado del país y de solicitar la Guardia Nacional de los estados.
Dwight Eisenhower y John Kennedy usaron esta facultad tras producirse disturbios raciales en el sur del país en los años 1950 y 1960.
Pero este poder puede ser interpretado más ampliamente. De esta forma George W. Bush decidió utilizar la Guardia Nacional en la lucha contra el terrorismo, razón por la cual estas fuerzas se encuentran desplegadas en Irak.
Agence France-Presse
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