La escasez cíclica de productos básicos y la inflación en los alimentos, que superó el 40% en 2008, motivaron que el presidente venezolano Hugo Chávez decretara la intervención de las procesadoras de arroz, una medida considerada arbitraria por los industriales afectados.
El sábado, asegurando que no permitirá que los empresarios privados “sigan burlándose del pueblo”, Chávez ordenó a la militarizada Guardia Nacional que cumpliera con esta medida.
Una planta procesadora de arroz en el estado Guárico (centro), de la empresa Alimentos Polar, fue intervenida el fin de semana, y para este lunes está anunciada la toma de otra instalación de la empresa Mary en el estado Portuguesa (centro).
Además, las autoridades venezolanas anunciaron que realizarán inspecciones en las 52 procesadoras de arroz del país.
Este lunes, responsables de las empresas Polar aseguraron que impugnarán ante la justicia esta toma de su planta y recordaron que el gobierno es responsable de un 48% de la producción nacional de arroz y esta firma privada, sólo del 6%.
En días anteriores, fue intervenida también una planta de azúcar, según Eduardo Samán, presidente del Instituto para la defensa de los usuarios y quien lleva a cabo la toma de las procesadoras de arroz.
Este instituto sostiene que en las últimas semanas se ha constatado además la falta de aceite comestible, mayonesa y salsa de tomate en los supermercados.
“Hacemos la ocupación porque ellos restringieron la oferta. Un servicio esencial no se puede paralizar ni puede bajar su eficiencia. Es una planta para la elaboración de un elemento esencial en la dieta, no es una fábrica de bombones”, declaró Samán este lunes.
De acuerdo con el funcionario, la planta de Alimentos Polar fue intervenida porque destinaba el 91% de su producción a la variedad de arroz con sabores y sólo 9% al arroz blanco, cuyo precio está regulado por el gobierno.
“No nos importa si producen o no el arroz saborizado, nuestra preocupación está en que haya arroz regulado en los estantes”, aseveró.
Para Eduardo Gómez Sigala, presidente de la Confederación de Industriales, el gobierno debe adelantar una “cultura de diálogo para llegar a acuerdos con empresarios y trabajadores” en vez de considerar “que todas las políticas del sector se resuelven con subsidios e incentivos militares”.
La inflación en alimentos llegó a 41,3% el año pasado, por encima del índice general de precios, que fue de 30,9%, el más alto de América Latina, pese a que desde 2003 existe un régimen de regulación de precios para los alimentos esenciales.
La producción de arroz a cargo del Estado es colocada en las redes de distribución de alimentos a precios subsidiados, llamadas Mercal y Pdval.
Según el consultor jurídico de empresas Polar, Guillermo Bolinaga, el precio fijado por el gobierno para el arroz, que es de un dólar por kilo, representa “la mitad del costo de producción” y subrayó que el verdadero problema es que “no hay suficiente arroz en Venezuela”.
El índice de escasez en Venezuela fue de un promedio de 15,6% en 2008, con un pico de más de 24% en enero del año pasado, según el Banco Central.Para Carlos Machado, experto en agronegocios, “los márgenes de ganancia en los productos con precios regulados han desaparecido” y los empresarios ofrecen una gama del mismo producto fuera del control para compensar sus balances.
“La inflación en alimentos es mucho más alta que la promedio en otros rubros porque lo que se produce está por debajo de la capacidad de consumo de la población”, explicó Machado, subrayando que las importaciones de alimentos han pasado en los últimos 10 años de 1.300 millones de dólares anuales a 7.500 millones.
En 2008, el gobierno venezolano adquirió varias plantas de leche y empresas de carne congelada, en el marco de un proceso de estatización de diversos sectores clave de la economía, como el de la telefónica y empresas de electricidad.
Agence France-Presse
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