La máxima autoridad de la Universidad de Carabobo, María Luisa Aguilar de Maldonado, aseguró que con el decomiso del armamento que poseen los funcionarios de seguridad de la Dirección de Prevención de Incendios, Protección y Seguridad de la mencionada casa de estudios (Pipsuc), forma parte de una "agenda oculta" que pretende propiciar el cierre de el recinto universitario.
"Nosotros estamos haciendo un llamado a todo el estudiantado, empleados, obreros y profesores a defender a nuestra universidad y la vamos a defender con sus puertas abiertas, trabajando, porque la agenda oculta puede ser desmovilizar, la agenda oculta puede ser propiciar el cierre de la universidad", asevero.
Señaló que no entendía las razones por las que los efectivos del ejercito, comandados por el general Cliver Alcalá Cordones tomaron posesión de las armas de los vigilantes de Pipsuc, si en distintas oportunidades se advirtió que esa área formaba parte del alma mater, por ello resaltó que el allanamiento fue una violación a la autonomía.
"Las instalaciones de Pipsuc están dentro del recinto universitario, esa es una dependencia de nuestra institución, es una dirección adscrita a la Dirección Superior donde funciona la Prevención de la UC y el Cuerpo de Bomberos".
Consejo Universitario en sesión permanente
Estas informaciones fueron suministradas por la rectora, luego de haber concluido una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, en la que se aprobó un documento contentivo al rechazo de las acciones del Ejercito Nacional y se declararon en sesión permanente.
Sobre el documento, se conoció que en el se responsabiliza públicamente al gobierno nacional "por las pérdidas humanas y materiales que puedan producirse con ocasión de las políticas que se implementan en contra de las Universidades Autónomas del país".
En ese sentido, se estableció acudir ante las instancias nacionales e internacionales que se estimen pertinentes "a denunciar los hechos ocurridos, incitados desde la más alta investidura del Ejecutivo nacional".
Por ello, se exhortó a quienes integran el gobierno nacional a respetar los derechos y garantías ciudadanas de la comunidad universitaria y del pueblo en general, deponiendo las actitudes generadoras de violencia, confrontación y violación de derechos constitucionales.
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