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La derrota electoral de una dictadura

Al terminar de leer El pasajero de Truman, de Francisco Suniaga, me convencí que un sino trágico ha marcado siempre nuestra historia. De no haber enloquecido Diógenes Escalante, la crisis política de 1945 se hubiese resuelto sin necesidad de utilizar la violencia. El respaldo que Acción Democrática había dado a su candidatura presidencial limitaba, para no decir impedía, la posibilidad de triunfo de la conspiración militar, que terminó en la "Revolución de Octubre". El asesinato de Carlos Delgado Chalbaud fue también un duro golpe a las posibilidades de alcanzar, después del derrocamiento de Rómulo Gallegos, el retorno a un régimen democrático. La Junta Militar había logrado la colaboración en el gobierno de importantes fuerzas políticas y sociales, entre ellas el respaldo de Unión Republicana Democrática, COPEI, la Iglesia católica y el capital nacional, ilusionadas con el ofrecimiento de un retorno al régimen constitucional después de unas elecciones. Carlos Delgado era la garantía cierta de ese esfuerzo. Su decisión de convocar a un proceso electoral y al ejercicio pleno de las libertades democráticas fue la razón de su asesinato. La derecha militar no aceptaba el retorno al poder de los partidos políticos.

Marcos Pérez Jiménez entendió que no era el momento, señalado como estaba por la opinión pública de ser el responsable de ese asesinado, de encargarse de la presidencia de Junta Militar. Consideró prudente designar para ese cargo a Germán Suárez Flamerich, embajador en el Perú, y mantener la convocatoria a elecciones. La Junta de Gobierno emitió un estatuto electoral en 1951, estableció el 30 de noviembre de 1952 como el día de las elecciones para Asamblea Nacional Constituyente, mantuvo la ilegalidad de Acción Democrática y del Partido Comunista, endureció la persecución de sus principales líderes, creó el Frente Electoral Independiente (FEI) y negó una amnistía a los numerosos presos políticos. La oposición a la dictadura militar se dividió de inmediato. Acción Democrática y el Partido Comunista decidieron no presentarse a las elecciones; Unión Republicana Democrática y el Partido COPEI aceptaron el reto. La campaña electoral se desarrolló en medio de una gran represión en contra de la oposición política y una marcada limitación de las libertades públicas. El asesinato de Leonardo Ruiz Pineda, Secretario General de Acción Democrática, ocurrido unos pocos días antes de las elecciones, buscó aterrorizar a los venezolanos; y el libro de Oro, firmado por cientos de miles de empleados públicos, fue considerado por el gobierno militar como garantía de un avasallador triunfo electoral.

La presencia masiva de ciudadanos en el mitin convocado en el Nuevo Circo por URD, el 27 de noviembre de 1952, y la emoción que produjeron los discursos de Jóvito Villalba y de Mario Briceño Iragorry mostraron que los venezolanos mantenían su fe democrática. El día de las elecciones, 30 de noviembre de 1952, la presencia masiva de votantes sorprendió a la opinión pública. En la noche, el primer boletín del Consejo Nacional Electoral, señaló el triunfo de la oposición: URD: 294.593; FEI: 147.528; COPEI: 82.092 votos. Estos resultados condujeron al gobierno nacional a ordenar la suspensión de la información dada por el Consejo Nacional Electoral y buscar presionar a sus miembros para que firmaran unas actas falsificadas. Vicente Grisanti, su presidente, se negó hacerlo, escondiéndose para evitar ser detenido. Juan Saturno Canelón hizo lo mismo, siendo encarcelado de inmediato por la Seguridad Nacional. La derrota de la dictadura militar era una realidad.

Sólo quedaba el uso de la fuerza. El Alto Mando Militar designó a Marcos Pérez Jiménez presidente provisional de Venezuela. Laureano Vallenilla invitó a Jóvito Villalba y a la dirección de URD al Ministerio del Interior para proponerle aceptaran los resultados. Su rechazo a la maniobra de la dictadura condujo a su detención y exilio. Algunos miembros del Consejo Nacional Electoral convocaron a los candidatos a diputados. Se presentaron exclusivamente los miembros del FEI. El 11 de abril de 1953, después de aprobar una nueva Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente designó a Marcos Pérez Jiménez presidente constitucional de la República, a senadores y diputados al Congreso Nacional, a los magistrados de la Corte Federal y de Casación, al Contralor y Procurador de la República, a los diputados de las Asambleas Legislativas y a los concejales. Parecía que la dictadura militar se había consolidado para siempre en el poder. No fue así. La deslegitimación del régimen, como consecuencia del fraude electoral, favoreció, en el tiempo, la conspiración militar del 1 de enero y el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958. Definitivamente, el voto popular no se perdió.


Fernando Ochoa Antich
El Universal